Lunes, 10 Agosto, 2020


El Gobierno publicó el decreto sobre extinción de dominio

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Orlondo Matamoros | Enero 23, 2019, 02:08

En la misma línea y a diferencia de la palabra de Macri sobre la "lentitud del Congreso", Alonso opinaba que la Corte Suprema dejaba en claro que "un presidente solo puede firmar un DNU cuando el Congreso no se pueda reunir por dos razones: una acción bélica o un desastre natural y yo no creo que en los últimos 27 años hayamos entrado en Guerra o haya un desastre natural que haya impedido que este Congreso se reuniera".

Señaló que el Régimen "no tiene nada que ver con las personas" sino que es un proceso civil, separado del penal, que se centra en los bienes, y en el cual se da "amplias garantías constitucionales" a quienes estén involucrados.

Los bienes recuperados, subrayó, se podrán "subastar y destinar a políticas públicas fundamentales" para el país. "Los delincuentes, los mafiosos y los corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa", advirtió el mandatario.

Según calculó el Gobierno, hoy hay alrededor de 20.000 millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

"El que las hace, las paga".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no le molesta que la comparen con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su mano dura.

La norma está dirigida al corazón de los votantes de Cambiemos y, en especial, a quienes provienen de los aliados de Pro en la coalición de gobierno: Elisa Carrió y la UCR. Macri, quien afronta una crisis económica y un incremento del desempleo y la pobreza, aspira a ganar las elecciones de octubre y renovar su mandato por otros cuatro años.

El titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, indicó que la medida es "humo electoral", y que "no sirve para castigar la corrupción".

El decreto crea "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.

Hasta ahora, solo la justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias en firme.

El proyecto de la denominada "ley de extinción de dominio" fue aprobado en junio de 2016 por Diputados y recién fue aprobado en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original. Estipulaba que debía existir en el proceso penal un procesamiento confirmado por la Cámara de alguno de los delitos que el proyecto preveía para que se procediera a la confiscación de bienes y dinero.

Por ello, el proyecto retornó a la Cámara baja, donde no avanzó.

Enfatiza que "el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitucional admite un adecuado régimen de restricciones y límites que atañen a su esencia, máxime cuando este derecho es ejercido en forma irregular".

Con el decreto publicado, ahora la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que trata el DNU deberá tratarlo dentro de los próximos diez días hábiles.