Sábado, 18 Noviembre, 2017


Urge detener muertes en penales — CNDH

Aumenta a 17 cifra de muertos en penal de Cadereyta Anterior Siguiente
Orlondo Matamoros | Octubre 12, 2017, 20:53

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de medidas cautelares para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brinde atención médico y psicológica a los presos del penal de Cadereyta, y garantice el suministro de agua y los alimentos adecuados.

En el documento, la CNDH pide al Gobierno local acciones para remediar el problema.

Tras el motín en Cadereyta, el funcionario recalcó que los tres penales del Estado están diseñados para atender reos de mediana y baja peligrosidad.

Reconoció que la entidad no cuenta con la infraestructura penitenciaria necesaria para controlar el número de reos que alberga, pues sus instalaciones son obsoletas y están sobrepobladas. "Si no arreglamos la infraestructura, nunca vamos a arreglar el problema".

El vocero señaló que el penal de Cadereyta actualmente tiene 2 mil reos, pese a que su capacidad es de hasta mil 200, por lo que está sobrepoblado hasta en un 67 por ciento.

"Necesitamos nuevos penales, refundar todo el sistema penitenciario, no funciona, son mentiras que funciona el sistema penitenciario, lo diseñaron para un sistema penal que apenas estamos iniciando". El penal más viejo tiene 80 años, el más nuevo tiene 30 años, cuando se construyó jamás se imaginaron que iban a suceder los crímenes que estamos viviendo, mencionó.

Negó que durante la intervención policial haya existido violación a los derechos humanos.

Entre los fallecidos, del reciente enfrentamiento, se encontraban 11 secuestradores o integrantes de la delincuencia, y cinco eran procesados por delitos graves violentos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que recae en las autoridades la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley.

Solicitó además preservar el nivel más alto posible de salud de las personas privadas de la libertad, para lo que es necesario garantizar la atención médica de manera oportuna tanto en internamiento hospitalario como directamente en el centro de reclusión.