Lunes, 23 Octubre, 2017


Enviaron a la cárcel a Marcelo Torres, exalcalde de Magangué

Orlondo Matamoros | Octubre 11, 2017, 22:04

El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Magangué con funciones de Control de Garantías determinó cárcel preventiva en contra del exalcalde de Magangué, Marcelo Torres, tras la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por corrupción que formuló la Fiscalía.

A Torres le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Así las cosas, Torres será trasladado al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá.

De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, Torres Benavides habría suscrito irregularmente en 2015 un convenio para la atención alimentaria de infantes entre los cero y cinco años de edad, y de apoyo a las madres gestantes. El contrato sufrió una serie de tropiezos que culminaron con la no ejecución de varias de las obras pactadas con dinero proveniente del sistema de regalías.

El juez lo entendió de la misma manera y señaló que más allá de "que el marco jurídico para aquel tipo de contratación, no fue el adecuado" se estaría ante una apropiación de recursos y un detrimento patrimonial, a través de un convenio con el que el alcalde de Magangué "no promovió los derechos de los más desfavorecidos".

Por su parte, el interventor del convenio, Jorge Prasca Mejía, permanecerá en el búnker de la Fiscalía en Cartagena hasta tanto se obtengan los resultados de la valoración médica que determinará si el estado de salud de Prasca le permite estar o no en un establecimiento carcelario. Tampoco existió un diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil de nivel 1 y 2 del Sisbén, ni hubo un listado priorizado de las madres gestantes a atender.

No fue articulado el programa con los planes territoriales de salud ni se tuvieron en cuenta las directrices del Plan Nacional de Salud Pública.

Primero: trescientos millones de pesos ($300.000.000), el 16 octubre de 2015. Por este convenio, el contratista recibió un pago de 924 millones de pesos -pagados en tres desembolsos realizados entre octubre de 2015 y diciembre de ese mismo año- sin que presuntamente se hubiera ejecutado ni liquidado el objeto del convenio.