Lunes, 11 Diciembre, 2017


Presidente Santos presenta modificaciones al código de extinción de dominio

Orlondo Matamoros | Julio 21, 2017, 21:25

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aseguró que la nueva ley de extinción de dominio que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos este viernes, permitirá enajenar de manera temprana (vender, destruir o chatarrizar) 3.300 bienes inmuebles en una primera etapa.

Como explicó Santos, lo que se busca con la ley 1849 de 2017 es "agilizar la extinción de dominio de las propiedades de los delincuentes".

El Presidente explicó que un primer aspecto de los cambios introducidos es que se aceleran los procesos de extinción, porque se eliminan los 75 días correspondientes a la fase de fijación provisional de la pretensión del proceso.

Además, se garantiza, continuó, que "el juez que esté llevando el caso cuente con la experiencia en este tema" y acotó que si no puede hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar mediante un aviso.

También anunció que "incentiva la denuncia por parte de los ciudadanos" especialmente por las recompensas que otorga, incluso para aquellos que tengan "procesos en curso" y que "informen sobre la existencia de bienes de su propiedad o ajenos sujetos de extinción de dominio".

"Es decir, quienes de alguna forma hayan participado y denuncien que son testaferros", dijo Santos.

Igualmente, dijo que habrá beneficios para quienes confiesen voluntariamente sus bienes sujetos de extinción de dominio.

Dicha recompensa es equivalente a 5 % del valor de la venta del bien, con límite de 2500 salarios mínimos legales vigentes. Para esta decisión, se creará un comité conformado por la Presidencia y los ministerios de Hacienda y Justicia.

Y especificó que "ese comité trabajará de la mano de la recién creada Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, que va a solucionar cuellos de botella de los procesos y la administración de bienes".

Otra de las modificaciones más importantes es que la Sociedad de Activos Especiales podrá ejercer las funciones de Policía, para recuperar los bienes cuando sea necesario.

"La enajenación temprana se llevará acabo cuando los bienes amenacen ruina, pérdida o aquellos que, de acuerdo con un análisis costo-beneficio, se concluya que su administración ocasione perjuicios o gastos desproporcionados", aseguró la SAE. Así, 25 % de estos recursos estarán destinados a la rama judicial 25 % para la Fiscalía General, 10 % para "a la Policía Nacional para fortalecer las investigaciones de la policía judicial" y el 40 % restante para fortalecer "la infraestructura penitenciaria y carcelaria".